La Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (OMCT) alert贸 que en Ecuador la pr谩ctica de la tortura y la violencia institucional ya no se limita a las c谩rceles, sino que se extiende a protestas sociales, hospitales y centros de acogida, lo que evidencia una grave expansi贸n de violaciones a los derechos humanos.
Imagen: INREDH
Contexto del informe
La OMCT realiz贸 una visita a Ecuador en marzo de 2026 y concluy贸 que la tortura se est谩 volviendo generalizada.
Seg煤n Donovan Ortega, representante de la organizaci贸n, las pr谩cticas violentas no ocurren 煤nicamente en los contextos penitenciarios, sino tambi茅n en otros espacios como manifestaciones sociales, hospitales y centros de acogida.
Este hallazgo ampl铆a la preocupaci贸n internacional, ya que hasta ahora la violencia estatal se asociaba principalmente con las masacres carcelarias que han dejado m谩s de 680 muertes entre 2018 y 2023, seg煤n el Comit茅 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Reacciones y antecedentes
La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya hab铆a advertido en enero de 2025 sobre la persistencia de graves hechos de violencia en las c谩rceles ecuatorianas, instando al Estado a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
El gobierno ecuatoriano respondi贸 con estados de excepci贸n y militarizaci贸n de prisiones, pero los informes recientes muestran que la violencia se ha desbordado hacia otros 谩mbitos sociales.
Implicaciones
La expansi贸n de estas pr谩cticas hacia hospitales y centros de acogida es especialmente alarmante, pues afecta a poblaciones vulnerables que deber铆an estar bajo protecci贸n estatal.
En el caso de las protestas sociales, la denuncia apunta a un patr贸n de represi贸n violenta que criminaliza la movilizaci贸n ciudadana.
La OMCT subraya que esta situaci贸n requiere acciones urgentes del Estado ecuatoriano para prevenir la tortura, sancionar a los responsables y garantizar mecanismos de reparaci贸n a las v铆ctimas.
Imagen: INREDH
El informe de la OMCT marca un cambio de escala en la violencia institucional en Ecuador, que ya no se restringe al sistema penitenciario, sino que permea espacios civiles y de atenci贸n social, lo que configura un riesgo grave para los derechos humanos en el pa铆s.