El informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) sobre Socio Vivienda en Guayaquil documenta un fenómeno inédito en Ecuador: el desplazamiento forzado urbano por violencia criminal, que ha obligado a cientos de familias a huir de sus hogares tras masacres y el control territorial de bandas.
Este caso se suma a una crisis nacional que ya ubica al país como el tercero en América Latina con más desplazados internos por violencia. 
El estudio “Desplazamiento Forzado por Violencia en Contextos Urbanos: el caso de Socio Vivienda en Guayaquil” expone cómo la violencia armada transformó este barrio en un epicentro de expulsión masiva. El 6 de marzo de 2025, un ataque atribuido a facciones de Los Tiguerones dejó 22 muertos y provocó la huida inmediata de unas 300 familias. El CDH señala que quienes no pudieron escapar quedaron confinados en sus viviendas, lo que constituye una forma de “confinamiento forzado”.
Dimensión nacional y cifras alarmantesEl fenómeno no se limita a Socio Vivienda. El CDH ha registrado desplazamientos en al menos tres barrios adicionales de Guayaquil, mientras que a nivel nacional el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) reportó 101.000 desplazados internos en 2024, cifra que coloca a Ecuador detrás de Haití y Colombia en la región. La Defensoría del Pueblo estima que entre 2022 y 2024 más de 248.000 personas cambiaron de residencia por violencia, y advierte que muchas de ellas enfrentan pobreza, pérdida de vivienda y estigmatización en los lugares de acogida.
Los datos del CDH muestran que entre los desplazados de Socio Vivienda había 99 niños y adolescentes, 49 mujeres jefas de hogar y 30 adultos mayores, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de las víctimas . El informe subraya que el desplazamiento forzado urbano implica la pérdida del proyecto de vida, acceso limitado a educación, salud y empleo, y la ruptura de lazos comunitarios. Además, cambiar de barrio no garantiza seguridad: las familias desplazadas suelen ser perseguidas o estigmatizadas por las mismas estructuras criminales.
Llamado urgente a la acciónEl CDH y la Defensoría del Pueblo coinciden en que esta crisis humanitaria requiere reconocimiento oficial del desplazamiento interno forzado, creación de un registro nacional único de víctimas y políticas públicas específicas: subsidios de vivienda, programas de reubicación segura y rehabilitación integral de barrios afectados. Billy Navarrete, director del CDH, resumió la gravedad con una frase contundente: “Huir para salvar la vida” es hoy la única opción para miles de familias en Guayaquil.