Organizaciones de pacientes renales denuncian que cada día mueren alrededor de cuatro personas con insuficiencia renal por falta de acceso a diálisis y recursos económicos. La crisis se relaciona con deudas estatales a clínicas, reducción de sesiones y altos costos que los enfermos deben cubrir de su bolsillo.
Según Radio Pichincha, más de 4.000 pacientes renales han fallecido en los últimos dos años y medio debido a la falta de acceso a tratamientos completos de diálisis y a la imposibilidad de cubrir los costos, que superan los USD 1.000 mensuales. Voceros como Kevin Valdez alertan que muchas clínicas reducen las sesiones de tres a una o dos por semana, pese a facturar el servicio completo, lo que pone en riesgo inmediato la vida de los pacientes.
Contexto nacional de la crisisLa situación no es aislada. En Guayaquil y Quito, colectivos de pacientes han denunciado que el Estado mantiene deudas millonarias con más de 80 clínicas dializadoras, lo que ha provocado cierres de servicios y suspensión de tratamientos. Solo entre 2024 y 2025 se reportaron más de mil muertes por falta de insumos y atención adecuada. Representantes de hospitales públicos señalan que los pacientes deben comprar filtros y líneas de diálisis a precios elevados, mientras que las salas carecen de condiciones básicas como aire acondicionado y equipos en buen estado.
Consecuencias médicas y socialesEspecialistas advierten que la interrupción de la diálisis provoca acumulación de toxinas como urea y potasio, lo que puede desencadenar paros cardíacos y muertes súbitas. Además, los pacientes enfrentan gastos adicionales en medicamentos para controlar hipertensión y fósforo alto, que rondan los USD 500 mensuales. Esta carga económica resulta insostenible para familias de bajos ingresos, generando un círculo de exclusión y vulneración del derecho a la salud.
Exigencias y llamadosOrganizaciones de pacientes y defensores de derechos humanos exigen al Gobierno ecuatoriano pago inmediato de las deudas con clínicas, provisión de insumos hospitalarios y garantías de continuidad en los tratamientos. También convocan a plantones y protestas para visibilizar la crisis y demandar soluciones estructurales. “No tenemos por qué mendigar la salud”, expresaron representantes en Guayaquil, subrayando que más de 19.000 personas dependen de la diálisis para sobrevivir.