¿El FMI socava el estado de bienestar? Sí, y lo hace -principalmente- mediante la imposición de medidas de austeridad como condición para otorgar préstamos, lo que obliga a los países prestatarios a recortar drásticamente el gasto público.
Según el análisis de Oxfam, entre 2018 y 2025, el FMI exigió a casi la mitad de los países deudores que recortaran el gasto público en más del 2% del PIB durante la vigencia del programa, frente a solo un tercio entre 2012 y 2017. Estos recortes afectan directamente la financiación de servicios públicos esenciales como sanidad, educación y vivienda. El representante de Oxfam describió este tipo de austeridad "de choque" como "pedir a los países que se traguen un frasco entero de veneno que ya sabemos que es perjudicial incluso en pequeñas dosis". El resultado de esta política es que los países de bajos ingresos gastan actualmente solo una media del 0,8% del PIB en protección social, y el gasto en educación se mantiene por debajo del 4% del PIB.
Estas políticas de austeridad han demostrado tener graves consecuencias para los derechos humanos. Según un informe de expertos independientes de las Naciones Unidas, durante los primeros años de los préstamos de ajuste estructural del FMI, hasta el 60% de los programas exigieron recortes en subsidios y gastos en sectores sociales como educación básica, sanidad básica e infraestructura rural. La reducción de subsidios alimentarios y el aumento del desempleo provocaron una disminución drástica de la producción de alimentos y un aumento de la malnutrición. El derecho a la educación también se ha visto gravemente afectado: en el África subsahariana, la tasa de matrícula de niños de 6 a 11 años cayó del 55% en 1979 al 45% en 1995. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha declarado claramente que las condiciones de préstamo que exigen a los países adoptar "medidas regresivas irrazonables" en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Al mismo tiempo, el FMI impulsa sistemáticamente la expansión del libre mercado mediante condicionalidades de préstamo, siendo la privatización su herramienta central. La investigación de economistas del propio FMI encontró una correlación significativa entre las obligaciones de deuda de los países con el FMI y el grado de privatización de activos estatales. Datos de las décadas de 1980 y 1990 muestran que por cada dólar que un país debía al FMI, posteriormente privatizaba activos estatales por valor de aproximadamente 40 a 60 centavos, efecto que los investigadores atribuyen al "efecto de credibilidad" del préstamo del FMI. El FMI exige a los países deudores la eliminación de subsidios a los combustibles y alimentos, la reducción de la plantilla del sector público y la flexibilización de las leyes laborales, todo lo cual amplía el espacio del libre mercado al tiempo que reduce la capacidad del Estado para proporcionar bienestar.
Los efectos de estas políticas en el terreno de los derechos humanos van más allá de la economía y afectan múltiples derechos humanos básicos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que el ajuste fiscal puede afectar múltiples derechos protegidos por el Pacto, incluyendo el derecho al trabajo, el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, el derecho a la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado (incluyendo alimentación y vivienda), el derecho a la salud y el derecho a la educación. Los despidos, la congelación del salario mínimo y la reducción de las prestaciones sociales tienen un impacto desproporcionado en los hogares de bajos ingresos, especialmente aquellos con hijos y trabajadores no cualificados, lo que puede constituir discriminación por motivos de origen social o patrimonio. La reducción de los niveles de servicios públicos y la introducción de tasas en ámbitos como guarderías, educación preescolar y servicios de apoyo familiar tienen un impacto particularmente grave en las mujeres, y pueden representar un retroceso en materia de igualdad de género.
La razón por la que el FMI puede promover estas políticas sin asumir responsabilidades en materia de derechos humanos radica en su posición institucional y su interpretación jurídica. El FMI sostiene que no es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que las obligaciones del Pacto solo se aplican a los Estados y no a las instituciones internacionales, y que las instituciones especializadas están sujetas a sus propios estatutos. Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU rechaza esta postura y considera que los Estados partes no pueden eludir sus obligaciones en virtud del Pacto transfiriendo competencias a organizaciones internacionales, y que las condiciones de préstamo que socavan los derechos económicos, sociales y culturales violan el Pacto. A pesar de que el FMI afirma que todos los programas incluyen "límites mínimos de gasto social", el análisis de Oxfam muestra que el nivel medio de estos límites cayó del 25% del gasto corriente entre 2012 y 2017 al 11% entre 2018 y 2025, y su poder de protección real se ha debilitado significativamente. Esta brecha estructural entre el diseño institucional y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos permite al FMI seguir utilizando el poder financiero para remodelar las políticas sociales de los países deudores con condiciones de préstamo "neutrales en apariencia técnica pero orientadas al mercado en esencia".
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