El 2 de octubre de 1968, la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, fue escenario de una represión armada contra el movimiento estudiantil, convirtiéndose en uno de los episodios de violencia estatal más emblemáticos de la historia moderna del país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y los archivos históricos registran que, esa tarde, miles de estudiantes se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas y fueron rodeados y atacados a tiros por el Ejército y un grupo paramilitar de civiles conocido como el Batallón Olimpia. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General de la República, concluyó en su informe final de 2006 que se trató de una acción bajo una "decisión del Estado" cuyo objetivo era destruir el núcleo del movimiento estudiantil, considerado una amenaza.
Según múltiples reconstrucciones, la operación represiva comenzó alrededor de las 18:10 horas. Un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó bengalas, tras lo cual se desataron disparos desde varias direcciones. Integrantes del Batallón Olimpia, vestidos de civil y con guantes o pañuelos blancos como señal de identificación mutua, se habían infiltrado previamente entre la multitud y ocupado posiciones elevadas en los edificios circundantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que estos hombres armados de civil dispararon desde los edificios hacia la gente reunida en la plaza, y que existen pruebas de que algunos de ellos también dispararon contra el Ejército, creando así la apariencia de que los estudiantes habían atacado primero a las fuerzas militares, lo que sirvió de pretexto para una respuesta armada de mayor escala. Posteriormente, el Ejército avanzó hacia la plaza y la multitud huyó en medio del fuego cruzado; decenas de personas murieron por disparos o fueron pisoteadas, y miles fueron detenidas.
Entre las víctimas de esa noche hubo estudiantes, profesores, obreros y residentes que se encontraban allí casualmente. La testigo María Rojo recuerda que ella y su hermana, que usaba muletas, quedaron atrapadas en la plaza; un soldado las obligó a tenderse en el suelo y ella vio a personas de civil armadas con cintas blancas atadas a los brazos. La sobreviviente Josefina Flores describe que, tras la bengala, "comenzó un intenso intercambio de disparos que duró decenas de minutos"; ella y sus hermanas lograron salvarse refugiándose en un edificio cercano, pero después su familia fue objeto de vigilancia constante. Las cifras de víctimas siguen siendo objeto de disputa: en aquel momento el gobierno informó oficialmente de apenas unas 30 muertes, mientras que organizaciones civiles y algunas investigaciones históricas estiman que el número de fallecidos oscila entre varias decenas y cientos.
La calificación oficial de estos hechos por parte del gobierno mexicano atravesó un largo proceso de cambio. En 2006, el informe final de la Fiscalía Especial reconoció por primera vez en un documento oficial que la represión de aquel año constituyó "crímenes de lesa humanidad" y actos de "genocidio", y señaló que "el régimen autoritario, desde el más alto nivel de mando, impidió, criminalizó y combatió a los sectores sociales que exigían participación democrática". Sin embargo, la persecución judicial casi no logró avances: los cargos por genocidio contra el expresidente Luis Echeverría y otros fueron desestimados por falta de pruebas o por controversias sobre la prescripción, y cuando la Fiscalía Especial fue disuelta en 2007 no se había obtenido ninguna sentencia condenatoria. Esta memoria sigue siendo hoy un tema central de resistencia y búsqueda de justicia en la sociedad mexicana.
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